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lunes, 16 de enero de 2012

AUTORIDADES SANITARIAS EN COLOMBIA DESENTENDIDAS DE LA TRAGEDIA PIP PIP


Después de que las autoridades Francesas, y luego las Españolas, decidieran retirar los implantes mamarios PIP del mercado, ha ocurrido lo mismo en otros países como: Colombia, Argentina, Brasil y Australia; siendo común en todos, que las afectadas no sepan cómo actuar.

Para el caso concreto de Colombia, el panorama no podría ser menos desalentador; por un lado tenemos un indeterminado número de mujeres afectadas que exigen respuestas del Estado y desesperadamente buscan ayuda en aras de evitar un perjuicio irremediable en su salud, mientras que por el otro, tenemos al INVIMA, Ministerio de Salud y Protección Social, y Superintendencia Nacional de Salud, adoptando una posición indignantemente pasiva ante un problema de salud pública.

Con asombro advertimos que quienes han consentido que estas prótesis ingresen a Colombia -sin realizarse pruebas de laboratorio ni controles técnico científico previos- y sean implantadas en miles de mujeres, hoy, se hacen los desentendidos, limitándose a manifestar a través de comunicados oficiales que “Cuando el médico recomiende quitar esos implantes, el Estado cubrirá el retiro de los mismos mediante atención de urgencias y solo en casos de ruptura”.

Siguiendo el sentido común, todo parece indicar que las Autoridades Sanitarias olvidaron su misión de “garantizar la salud pública en Colombia”, ¡Qué vergüenza!: el registro nacional de implantes sigue sin existir, se desconoce cuáles son los índices de rotura y encapsulación de estos y otros implantes y mediante comunicados oficiales las agencias sanitarias instan a las mujeres para que esperen hasta que sus implantes presenten ruptura sometiéndolas a un riesgo innecesario que científicamente ha sido advertido.

El  tema radica en depurar responsabilidades de las autoridades sanitarias. Es hora de que las afectadas den inicio a acciones legales contra los responsables de los calvarios por los que están pasando.

Por  último, el llamado al Estado Colombiano ahora es a la aplicación del principio de prevención en salud, porque claramente el de precaución ha sido vulnerado (el riesgo ya fue creado). Per se la explantación de las prótesis mamarias PIP debe adoptarse como una política preventiva. Se torna en inadmisible que las autoridades sanitarias en Colombia pretendan engrosar su lista de fallas, sometiendo a las pacientes a un riesgo innecesario. A la larga en términos de economía de sanidad le va salir más caro al Estado esperar a que las miles de afectadas comiencen a desarrollar la cronicidad de las dolencias propias del contacto de sus tejidos con esta silicona burda y de origen industrial, que asumir desde ahora su responsabilidad, ordenar su explantación preventiva y reparar los daños estéticos, fisiológicos y psicológicos que ocasionó en las victimas desde el mismo momento en que creo este riesgo, tras desatender las recomendaciones de la Agencia Sanitaria FDA, incurrir en graves omisiones y faltar a su posición de garante del Derecho a la salud de la población femenina Colombiana.

María Leonor Giraldo Torres
Coordinadora Departamento de Responsabilidad Médica
Conde Abogados Asociados

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