Después de que las autoridades
Francesas, y luego las Españolas, decidieran retirar los implantes mamarios PIP
del mercado, ha ocurrido lo mismo en otros países como: Colombia, Argentina,
Brasil y Australia; siendo común en todos, que las afectadas no sepan cómo
actuar.
Para el caso concreto de Colombia, el
panorama no podría ser menos desalentador; por un lado tenemos un indeterminado
número de mujeres afectadas que exigen respuestas del Estado y desesperadamente
buscan ayuda en aras de evitar un perjuicio irremediable en su salud, mientras
que por el otro, tenemos al INVIMA, Ministerio de Salud y Protección Social, y Superintendencia
Nacional de Salud, adoptando una posición indignantemente pasiva ante un
problema de salud pública.
Con asombro advertimos que quienes han
consentido que estas prótesis ingresen a Colombia -sin realizarse pruebas de
laboratorio ni controles técnico científico previos- y sean implantadas en
miles de mujeres, hoy, se hacen los desentendidos, limitándose a manifestar a través
de comunicados oficiales que “Cuando
el médico recomiende quitar esos implantes, el Estado cubrirá el retiro de los mismos
mediante atención de urgencias y solo en casos de ruptura”.
Siguiendo el sentido común, todo parece
indicar que las Autoridades Sanitarias olvidaron su misión de “garantizar la
salud pública en Colombia”, ¡Qué vergüenza!: el registro nacional de implantes
sigue sin existir, se desconoce cuáles son los índices de
rotura y encapsulación de estos y otros implantes y mediante comunicados
oficiales las agencias sanitarias instan a las mujeres para que esperen hasta
que sus implantes presenten ruptura sometiéndolas a un riesgo innecesario que
científicamente ha sido advertido.
El tema radica en depurar responsabilidades de
las autoridades sanitarias. Es hora de que las afectadas den inicio a acciones
legales contra los responsables de los calvarios por los que están pasando.
Por último, el llamado al Estado Colombiano ahora
es a la aplicación del principio de prevención en salud, porque claramente el
de precaución ha sido vulnerado (el riesgo ya fue creado). Per se la
explantación de las prótesis mamarias PIP debe adoptarse como una política
preventiva. Se torna en inadmisible que las autoridades sanitarias en Colombia
pretendan engrosar su lista de fallas, sometiendo a las pacientes a un riesgo
innecesario. A la larga en términos de economía de sanidad le va salir más caro
al Estado esperar a que las miles de afectadas comiencen a desarrollar la
cronicidad de las dolencias propias del contacto de sus tejidos con esta
silicona burda y de origen industrial, que asumir desde ahora su
responsabilidad, ordenar su explantación preventiva y reparar los daños
estéticos, fisiológicos y psicológicos que ocasionó en las victimas desde el
mismo momento en que creo este riesgo, tras desatender las recomendaciones de
la Agencia Sanitaria FDA, incurrir en graves omisiones y faltar a su posición
de garante del Derecho a la salud de la población femenina Colombiana.
María Leonor Giraldo Torres
Coordinadora Departamento de Responsabilidad Médica
Conde Abogados Asociados
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