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lunes, 23 de julio de 2012

LA RESISTENCIA INDÍGENA DEL CAUCA Y SU LUCHA POR LA PAZ DE SUS TERRITORIOS


POR DIEGO JARAMILLO SALGADO


La resistencia contra la guerra que está en curso en el norte del Cauca (departamento del suroccidente colombiano) tiene ya una larga tradición y responde a una concepción de la vida y el territorio por parte de los indígenas y no a una estrategia de las Farc como se ha dicho.

Los Incidentes y enfrentamientos de indígenas y militares en el norte del departamento del
Cauca han sido muy frecuentes en los últimos días ante la mirada impotente del
gobierno de Juan Manuel Santos (Foto Comuna Universitaria). 


Un programa de una cadena nacional de radio de Colombia calificó de exótica la movilización de los indígenas del norte del Cauca. No son pocos los que argumentan que dicha acción no hace más que ayudarle a la propia guerrilla. Algunos llegan incluso a calificarla como un acto circense. Miembros del gobierno nacional dejan escapar valoraciones que se ubican en algunas de las anteriores afirmaciones. Todas ellas situadas en la superficie de un conflicto que solo se analiza por los efectos inmediatos que invaden los titulares de los medios de comunicación. Más no por la identificación de lo que acontece en el devenir histórico de dichas comunidades.

Atrás quedan acciones que otrora fueran reconocidas por su capacidad de organización y de movilización. El rescate de un misionero suizo en 2003, en Caldono, que había sido secuestrado por la guerrilla. La caminata de cientos de indígenas hacia las montañas del Caquetá para presionar la liberación del alcalde de Toribio, Arquímedes Vitonás, retenido por las Farc en 2004. La audacia de un alcalde indígena de Silvia quien después de una larga jornada nocturna con sus guerrilleros captores, logra hablarles en su lengua a niños que los rodearon pidiéndoles que avisaran a la comunidad de que estaba secuestrado. Acción que al instante motivo el levantamiento de los indígenas de la vereda en que se encontraba y la obligación de su liberación por parte de la guerrilla. En fin, son innumerables los hechos en esta dirección.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) fue fundado en febrero de 1971 y a la defensa de los principios de unidad, tierra y cultura fue necesario agregarle la protección de sus vidas tras las acciones de pájaros, matones a sueldo, y no pocas veces por miembros de la policía o el ejército. En la medida en que las FARC fueron ocupando su territorio reclamaban para sí su control. Desconociendo las autoridades propias de las comunidades indígenas. Desde inicios de la década del ochenta efectuaron asesinatos de algunos de sus activistas. La formación del grupo armado Quintín Lame, que operó durante la década del ochenta, hasta su desmovilización, por medio de acuerdos de paz, en la Constituyente de 1991, fue más un movimiento armado de autodefensa que una organización como los otros grupos de orientación marxista que le fueron coetáneos. La larga lista de dirigentes y activistas que han sido asesinados en ese corto periodo de 41 años de la organización justifica con creces su permanente preocupación por la paz en sus territorios. Argumento que sería mucho más fuerte si lo asociáramos a siglos de resistencia para garantizar que hoy tengan la organización y la fuerza que han demostrado.

Si bien en sus congresos y asambleas identifican problemas básicos como los de tierras, educación, el impacto que les ocasionará el TLC los efectos de los megaproyectos y la minería; el del conflicto armado ha devenido en uno de los que más dificultades han traído para la realización de sus planes de vida en sus territorios. Por una circunstancia inscrita en la lógica de la guerra; pero también por la confrontación de dos formas de ver el mundo, la vida y la transformación social.

Históricamente, las Farc surgieron en el nororiente del departamento del Cauca. Lo cual conlleva que muchos de sus militantes hayan nacido en esta región y conozcan como la palma de la mano sus ríos y montañas, caminos y senderos. Sumémosle a esto que el desencadenamiento de la guerra ubica este territorio como uno de los más estratégicos para acceder a la zona agroindustrial del Valle del Cauca y transitar por los caminos que facilitan el control del Pacífico. A la vez, posibilita el paso hacia la Amazonia y los Llanos Orientales. Por eso, varios analistas ven como inevitable que cualquier solución del conflicto, sea militar o negociada, tenga en estos territorios sus últimos escenarios.

Lo que queda de proyecto político de las Farc sigue inscrito en un esquema no muy bien definido de una sociedad socialista. Durante más de dos largas décadas su estrategia militarista ha conducido a desconocer dinámicas propias de movimientos y organizaciones sociales que, desde su propia historia y condiciones de vida, también se sitúan en el horizonte de la transformación social. Más no dentro de las jerarquías que impone una estructura militar ni tampoco vertiendo sobre sus prácticas organizativas las tácticas leninistas y estalinistas que aun operan en la estructura de esta guerrilla. Estas dos direcciones entran en confrontación en los territorios. No de una manera ideológica o discursiva sino de forma práctica. Pues a la ancestral autoridad y forma de gobierno ejercida a través de largos años de resistencia, y respaldad por la constitución actual, se le opone la autoridad de una insurgencia armada que las desconoce. Y no de cualquier manera, pues no son pocas las denuncias de las organizaciones indígenas de asesinatos de sus miembros cometidos por la guerrilla. Hasta la declaratoria, incluso, de objetivos militares, por parte de uno de sus frentes.

Esto, precisamente, condujo a la organización indígena a dirigirse al nuevo comandante de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, para plantearle si esa amenaza era solo de un frente y si era respaldado por el secretariado. En ella le exigen una consecuencia sobre sus expresas intenciones de lograr la paz. Sobre todo, porque consideran que avanzar hacia ella no será ahora posible si se produce entre su cúpula y el gobierno, con la ausencia de las comunidades que padecen los efectos de la guerra. La respuesta ha sido una mayor ampliación de la embestida militar en sus territorios, la pérdida de vidas de muchos de sus miembros, el desarraigo temporal de su relación con la madre tierra por los desplazamientos que han debido realizar.

De igual manera, parten de la afirmación de que la guerra se produce con la contraparte de la guerrilla; en este caso el gobierno nacional, a través del ejército, la policía y sus organismos de seguridad. Establecen que su presencia en sus territorios no ha garantizado la paz y la tranquilidad para realizar sus planes de vida; más bien, contribuyen a agudizar el conflicto en sus territorios. No es que desconozcan la unidad de la nación y el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Es la aceptación de que la forma particular en que opera el conflicto en sus poblaciones no ha conducido a la recuperación de las condiciones que les permitan avanzar hacia el buen vivir. De allí que los identifican también como actores de la guerra.

Una política gubernamental como el Plan de consolidación, en tanto es operado por los organismos militares que toman control de las zonas, no cumple el propósito para el que fue diseñado si no son los gobiernos municipales y las organizaciones de sus comunidades las que lo implementan. En regiones como la del Cauca no hace más que exponer a la población a la reacción cruenta de la guerrilla, como está sucediendo. Por lo cual, esas son las razones para que se sostengan en que tanto guerrillas, como policía y ejército, deben salir de sus territorios. Eje central de la discusión. Pues desde el gobierno nacional se asume que es un mandato constitucional mantener el monopolio legítimo de la fuerza. Desde las organizaciones guerrilleras, su levantamiento en armas como movimiento insurgente lo asumen como una alternativa al estado que quieren suplantar. A las organizaciones de la sociedad no les queda más que participar o aliarse a dicho proyecto o someterse a sus decisiones.

¿Qué margen de acción les queda a comunidades como estas que persisten en este tipo de iniciativas de paz? Si se mira la crudeza del conflicto, y su degradación, podría concluirse que poca. Si se tiene en cuenta su tradición de lucha y de resistencia y su capacidad de organización y movilización, mucha. Asumiendo que con sus propias autoridades y su guardia indígena pueden ejercer autoridad, justicia y control de los conflictos que se producen en ellos. Han dado muestras de ello a lo largo de su vida organizativa y de los cientos de años de resistencia. Porque es de los pocos espacios que la sociedad colombiana registra en esta última década como alternativa al autoritarismo y a la barbarie.

En 1999 logran un acuerdo con el gobierno nacional de la designación de un territorio denominado de paz y convivencia; situado en la María Piendamó. Allí donde Aída Quilcué, consejera mayor del CRIC en ese momento, y las comunidades obligaron al presidente Uribe a que los escuchara en su propio territorio y bajo sus condiciones. En 2004 realizan una movilización, bajo la hermosa denominación "caminando la palabra" cuyo punto de llegada y de asamblea fue el Coliseo del Pueblo de Cali. La opinión pública la identificó como la marcha de la dignidad que ya incluía como una de sus demandas no ser carne de cañón de los actores de la guerra y la necesidad de optar por una solución política negociada del conflicto armado. Proceso que se amplió sucesivamente en marchas hasta Bogotá; ya no solo de indígenas sino con diferentes organizaciones populares, bajo la denominación de La Minga Social y Comunitaria. Su resultado fue el Congreso de los Pueblos y diferentes iniciativas que se desprenden de sus mandatos. En todas ellas con la apuesta por la paz como una de sus reivindicaciones centrales.

La destrucción de las trincheras de la policía y del ejército, y la presión hasta sacar la guerrilla de algunos de sus territorios en varios municipios del norte del Cauca, no son más que la expresión de comunidades y pueblo organizados. Nunca la convivencia con la guerrilla. Nadie puede evitar que haya indígenas en sus filas. Así como en el ejército y la policía frecuentemente enjuician a muchos de sus miembros comprometidos con el narcotráfico, la corrupción o tráfico de armas. Dejarlos a su propia suerte no sería nada diferente de dar la espalda a espacios de dignidad tan maltrechos y menospreciados en nuestro país. Ignorar el significado de su voluntad y propuesta de paz menospreciaría un proyecto que nace desde la raíz misma del pueblo y alienta las esperanzas de que su multiplicación se produzca y con ello caminos reales de salir del conflicto armado.


jueves, 19 de julio de 2012

35 AÑOS DE LA MANIFESTACIÓN DE LAS OLLAS Y CANASTOS VACÍOS EN FLORENCIA.


El día de ayer 18 de julio se cumplieron 35 años del movimiento social que luchó por la electrificación del Caquetá. a continuación les presento el Testimonio de un dirigente del paro para el diario EL LÍDER

Parálisis de Florencia y manifestación de las ollas y canastos vacíos

Desde las seis de la mañana del lunes 18 de julio de 1977,  en Florencia se inició el movimiento pro-electrificación del Caquetá con la parálisis absoluta de toda la ciudad; posteriormente  los directivos del paro recorrimos la población y verificamos  cómo sus habitantes después del desayuno se volcaban a las calles con algunas banderas de Colombia y del Caquetá, mientras los medios de comunicación daban noticias sobre el civismo de sus habitantes y la solidaridad reinante.
Desde las siete de la mañana se recibieron noticias sobre algunas escaramuzas con la Fuerza pública cuando algunos  pobladores intentaron cerrar  las vías de salida de la ciudad, mientras ciudadanos ondeaban banderas colombianas y entonaban el Himno Nacional; la directiva del Presidente del Paro fue la de no insistir en el taponamiento de las vías hacia el exterior  y  evitar el enfrentamiento entre la Fuerza Pública y la población civil desarmada cuya única fuerza era su unidad y voluntad política colectiva para demandar la presencia social del Estado.
Después de las nueve de la mañana los diversos barrios se fueron desplazando de manera masiva hacia el parque Santander y de allí recorrer las principales vías de la ciudad y llegar nuevamente a la misma plaza, con la finalidad de terminar la “Manifestación de las Ollas y Canastos Vacíos”.
Multitudinaria y pacífica
La manifestación en referencia fue multitudinaria y pacífica, tenía espíritu festivo y de protesta; allí estaban presentes mujeres, hombres, jóvenes y  niños; ella  terminó en el parque central, allí se exigió la liberación de los dirigentes detenidos la noche anterior  al paro,  lo cual fue logrado, a la vez que se   exigía al gobierno entablar negociaciones con la dirección del movimiento social.
En la vieja plaza Pizarro o parque principal de la ciudad,   desde el pedestal donde descansaba el busto de Francisco de Paula Santander, llevaron la palabra, entre otros, el Presidente del movimiento Isaías Beltrán, el Padre Álvaro Serna Álzate en representación del Clero y el Círculo de Periodistas del Caquetá. También intervinieron Reynel Pulecio Yate en representación de los Estudiantes Caqueteños de la Universidad Nacional de Colombia y en   nombre de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu-Caquetá) tomó la palabra Gabriel Perdomo Castañeda.
PARO CIVICO DE FLORENCIA
ACTA DE COMPROMISO *
Entre el Comité Cívico y el Gobierno Intendencial
El día 18 de julio de 1977, reunidos en el despacho intendencial lo que suscriben este documento llegaron al siguiente compromiso.
1) El gobierno garantiza dar servicio de fluido eléctrico permanente en el perímetro urbano de Florencia en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma de esta acta.  Si así no lo cumpliere, el comité  cívico se reserva el derecho de convocar a un nuevo paro cívico.
2) El Gobierno intendencial ejercerá permanentemente actividad ante ICEL para conseguir que el trabajo de interconexión eléctrica, que ese Instituto adelanta quede terminado a más tardar en el mes de diciembre próximo, en cuanto a la línea subestación y adecuación de redes.  Si así no lo cumpliere, el comité cívico se reserva el derecho de convocar a un nuevo paro cívico.
3) Por su parte el comité central garantiza el levantamiento del paro en forma inmediata.  Para constancia se firma en Florencia.  Camilo Torres Hernández, Intendente Nacional del Caquetá; Isaías Beltrán Garzón, presidente del comité cívico; Gabriel Perdomo Castañeda, secretario ejecutivo comité.
* Paro cívico en Florencia.  EN:  Periódico Florencia.  1977,  p 9.
El asunto se tornó confuso cuando algunas voces del comercio se anticiparon a afirmar por los medios de comunicación que se levantaba el movimiento, hecho no esperado, dado que el Comité Central de Paro había dado la directriz de conocer primero sobre cualquier suspensión de la protesta. Toda esta situación engendró confusión y de la protesta  civilizada ocurrida el 18 de julio de 1977 se pasó a la protesta militarizada y reprimida y Florencia fue sometida al imperio del toque de queda.

Florencia bajo el toque de queda

Al día siguiente, el martes 19 de julio de 1977, la gente se levantó sin claridad en torno al levantamiento del movimiento cívico, después que la noche anterior se había llevado a cabo una negociación previa; se convocó entonces a una reunión  del Comité Central de Paro en el Colegio Nacional Femenino. Sea de anotar que en este comité se expresaban  las Juntas Comunales  de cerca de treinta barrios, las voces interesadas y contradictorias del establecimiento liberal del antiguo MRL (Movimiento Revolucionario Liberal de López), turbayistas y conservadores. También hacían presencia los sindicatos, las corrientes sociales de izquierda tales como el Movimiento Organicémonos (sector dominante en Aica), El Moir, la Unión Revolucionaria Socialista, el Partido Comunista y otros; en fin, el Comité Central de Paro, era una torre de babel. En esta reunión  Isaías Beltrán Coordinador del movimiento informó sobre las conversaciones con el gobierno. Allí se planteó la discusión de ampliar los objetivos del paro, incluyendo negociar  el arreglo de calles y carreteras; entonces se aludía a  la ciudad con el apelativo de “Florencia huecos viuda de Hoyos”.
Aproximadamente a las once de la mañana el Alcalde conservador Silvio Rubiano Suárez, llamado “el  Alcalde de la mala hora”, siguiendo la costumbre de las élites sociales y gobernantes del país de sofocar y aplastar los movimientos sociales, avalado por el Intendente, decretó el toque de queda; entonces, en barrios como el Juan XXIII, La Bocana, Circacia, La Vega y otros, las gentes en las calles sufrían el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la fuerza pública sobre la población civil indefensa, siendo la protesta cívica  agredida y  militarizada por el gobierno.
Dada la represión oficial y el toque de queda el presidente del movimiento, el secretario general y otros miembros de la dirigencia del paro nos refugiamos en la Curia; desde allí se  escuchaba el ruido de las bombas lacrimógenas lanzadas por la Fuerza pública y de vez en cuando se escuchaban disparos en la ciudad; después de las diez de la noche por intermediación de un sacerdote llegado de Bogotá, fuimos  llevados al Batallón Juanambú; allí estaba el Intendente del Caquetá pero estuvo en silencio; la palabra la tomaron los militares quienes plantearon la gravedad de la situación,  ellos mismos reconocieron la existencia de dos muertos.
Dado  que se había cumplido el objetivo del paro, se había logrado una negociación y sobre todo para  evitar mayores violencias se acordó levantar el paro a partir de un comunicado emitido después de las dos de la mañana del día 20 de julio.
Después del paro, según la revista Alternativa, “Voceros de la ciudadanía exigieron el cambio del Intendente Camilo Torres, quien se ha dedicado a perseguir los campesinos y a ordenar detenciones masivas. Igualmente trascendió que Torres Hernández, llevó con dineros del Estado la electrificación a una finca que posee cerca de Florencia, pavimentando la carretera que conduce de esta capital a la misma”.
En agosto cayó el intendente y el Presidente López Michelsen nombró al abogado conservador Adolfo Guillermo Cadena como nuevo Intendente del Caquetá.
Poco tiempo después la interconexión eléctrica fue un hecho efectivo en la capital del Caquetá; evidentemente este servicio fue una conquista social dolorosa, producto de un movimiento que mostró el coraje y decisión de un  pueblo  y dejó duras lecciones para gobernantes, dirigentes sociales,  políticos y  para todo el pueblo caqueteño.
Manifestación de las Ollas y Canastos vacíos. 18 de julio de 1977.
Dirigentes del paro cívicos arengan a la multitud.
Fotografía tomada desde el público  en el preciso momento de la protesta.

LOS LLANOS DEL YARÍ SIEMPRE HAN SIDO DEL CAQUETÁ

En Publicación del 17 de julio del presente año se emitió un artículo en el cual se presentaba un escrito realizado por el presidente de la Academia de Historia del Caquetá, Diógenes Marquéz, esto por el tema de la diferencia limítrofe con el Meta. Articulo en el que se presentaba la argumentación histórica para referirse a los llanos del Yarí como propiedad del Caquetá; a continuación les traigo la segunda parte de dicho escrito elaborado para el diario El Líder.

Segunda parte

Para buscar solución a este problema limítrofe, bueno resultaría, solicitarle Al IGAC la publicación de un nuevo mapa, y si persisten los errores cartográficos señalados, las autoridades departamentales deberían reiniciar las reclamaciones legales que correspondan con Acciones Populares o un Referendum y evitemos así el despojo de nuestras tierras de los Llanos del Yarí.

Bueno es reconocer que en esta larga Litis, el 25 de noviembre de 1989, en el Despacho del Gobernador del Caquetá, se reunió la Comisión del senado de la República, encargada de estudiar esos problemas de deslinde, la cual estuvo conformada por los senadores William Jaramillo Gómez, Luis Humberto Oviedo y Félix Tovar Zambrano.

La Comisión luego de realizar un estudio legal y técnico del problema, llegó a las siguientes conclusiones:

  1. La Ley 78 de diciembre 15 de 1981 que erigió en departamento la Intendencia nacional del Caquetá establece como límite en la misma área en litigio al Río Ajajú o Apaporis. Este río, aguas arriba hasta su nacimiento donde concurren los territorios de los actuales departamentos del Meta y Caquetá y de ahí se sigue en dirección general que divide las aguas del Río Guayabero de las que fluyen del Río Caquetá al punto más alto del Cerro Neiva en la Cordillera.
  2. La Ley 118 de diciembre 10 de 1959 por el cual se crea y organiza el departamento del Meta establece el siguiente límite sobre el área en cuestión: “Por el Río Guaviare o Guayabero se sigue aguas arriba hasta el punto en donde o intercepta el meridiano que pasa por el sitio de nacimiento del Río Ajajú o Apaporis (de ahí por este meridiano en dirección sur hasta el nacimiento del río Ajajú), punto en donde concurren los territorios del Meta, Vaupés y Caquetá. De ahí se sigue en dirección general NW por toda la cima de la cordillera que divide las aguas que van al Río Guayabero de las que fluyen al Río Caquetá, hasta el punto más alto del Cerro Neiva en la Cordillera Oriental.
  3. El Departamento del Caquetá siempre ha ejercido, histórica, política y culturalmente su presencia en la zona de litigio, teniendo como base la línea de las aguas entre las vertientes del Río Guayabero y las del Río Caquetá.
  4. Lo anterior permite plantear que la línea divisoria de aguas de las que fluyen al río Guayabero y al río Caquetá es el límite entre los Departamentos del Caquetá y del Meta, hasta donde los intercepta el meridiano que pasa por el nacimiento del río Ajajú o Apaporis, que lo indican en los límites como si fuera uno solo, ha originado la dificultad para establecer su nacimiento de tal forma que este meridiano, cartográficamente ha estado entre los meridianos 73° y 74° grados y como solución definitiva se propone que esté ubicado en el punto medio de los mismos, lo cual equivale a establecerlo en los 73° grados y 30 minutos. Por este meridiano se sigue con rumbo al sur , hasta la intersección del Río Tunia o Macaya, por éste aguas abajo, hasta el Apaporis y por éste aguas abajo hasta donde lo intercepta la Serranía o Escarpa de la Araracuara.

Con base en esas conclusiones, la Comisión del Senado de la República sugirió que los límites del Caquetá con el Meta sean:

“Hasta encontrar el cauce del Río Apaporis, por este río aguas arriba que más adelante toma el nombre de Tunia o Macaya, se sigue hasta donde lo intercepta el meridiano determinado por 73° grados y 30 minutos y por este meridiano hacia el norte hasta donde lo intercepta la línea divisoria de las aguas que fluyen al Río Guayabero en el Pararlelo segundo (2°) norte, sitio donde concurren los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, se sigue por esta línea divisoria hasta el Noreste hasta el punto más alto en la Cordillera Oriental, sitio donde concurren los territorios de Huila, Meta y Caquetá”.

Después de la loable labor del Senador Tovar Zambrano en la Célula Legislativa, las reclamaciones del Caquetá por sus verdaderas zonas limítrofes lo que ha habido han sido simples balbuceos a los cuales nadie le ha prestado la debida atención.

El Caquetá no puede ceder un solo kilómetro de su extensión territorial al Meta, máxime cuando la Ley de creación del Departamento del Caquetá y de definición de sus límites territoriales es más reciente que la Ley de creación del departamento del Meta, debiéndose aplicar el principio de Derecho de que la Nueva ley deroga la ley anterior en los aspectos que le sean contrarios.

Aún así el informe y las conclusiones que aprobara la Comisión Senatorial no fueron ratificadas por el Congreso.

Creemos que el Gobierno de la Unidad Nacional presidido por Juan Manuel Santos, que ha convocado la voluntad de los colombianos en la búsqueda de una paz verdadera y de fortalecimiento a la democracia participativa donde no prime la guerra y la ley del más fuerte, no puede sustraerse de contar con el apoyo de los caqueteños y de sus organizaciones sociales como la Academia de Historia del Caquetá para que se le reconozca a nuestro departamento los límites establecidos en la Ley.

Igualmente creemos que “el gobierno de las oportunidades” que preside Gobernador Víctor Isidro Ramírez, tiene la oportunidad de demostrar su interés, sus esfuerzos y voluntad de defensa de nuestras tierras en los llanos de Yarí, creándose una Comisión Especial integrada por juristas, gentes conocedoras de la región, geógrafos, sociólogos e historiadores y otros pertinentes para que adelanten las reclamaciones legales que correspondan y activen los mecanismos de participación ciudadana que hagan valer nuestros derechos en ese diferendo.

La región en disputa tiene una importancia geoestacionaria trascendental y la actividad ecoturística que se avecina por la presencia del Parque Nacional del Chiribiquete, lo mismo que por la existencia de ricos yacimientos de petróleo, uranio y otros importantes minerales, son los motivos de el vecino inescrupuloso que desea despojarnos de ese territorio.

Que sirva la celebración del centenario de la vida autónoma de la región para convocar la conciencia colectiva ciudadana e invitarlos a luchar para que los Llanos del Yarí continúen siendo caqueteños.
Los Llanos del Yarí comprenden una amplia región en la que también existen hallazgos de petróleo y otros minerales.
San Juan de Losada es uno de los territorios que se encuentran en disputa y en el que no se tiene aún la claridad si pertenece al Meta o al Caquetá.
La invitación a la comunidad y a las dirigentes políticos es a defender el territorio que históricamente ha pertenecido al Caquetá.

martes, 17 de julio de 2012

LOS LLANOS DEL YARÍ SIEMPRE HAN SIDO DEL CAQUETÁ

Bajo este título el presidente de la Academia de Historia del Caquetá, Diógenes Márquez, escribe para El Líder un artículo en el cual se presenta el porque el Caquetá en acto soberano debe defender su diferencia limítrofe con el departamento vecino del meta.

Este artículo pretende hacer un breve recorrido histórico legal en el cual se evidencia el porque de esta confusión limítrofe, además pone en manifiesto los argumentos que necesitan los gobernantes para defender lo que es nuestro. Es por eso que he traído a colación este artículo, que esta dividido en dos partes. 


Primera parte

De entrada tenemos que decir que se advierte una pereza mental, un no me importa, en la actitud de algunos gobernantes, frente al despojo de nuestras hermosas tierras de los Llanos del Yarí. El conflicto viene desde 1976, cuando de manera irresponsable, el Instituto Agustín Codazzi, realizó un levantamiento cartográfico y fijó los límites del Meta y Caquetá, dejando por fuera de los límites del Caquetá a las localidades Yaguara II, El Recreo, Los Pozos, San Juan de Losada y Ciudad Yarí.
Por su parte, un amigo del Caquetá, Gentil Quintero Luna, un huilense que recorrió el Caquetá en la actividad de la cacería, en la edición N° 189 del periódico Vanguardia Agraria, escribió: “Ha caído a mis manos el mapa físico y político de la República de Colombia, edición 1976, y con sorpresa observo graves errores, sobre todo, en la zona limítrofe del departamento del Meta y de la Intendencia Nacional del Caquetá (…) en forma equivocada el mapa varía ostensiblemente los límites entre la Intendencia Nacional del Caquetá y el Departamento del Meta, arrebatándole al Caquetá más de 10.000 kms2 y que han variado el límite a varios kms al sur del río Tunia, lo cual significa que toda la extensión formada por los Llanos del Yarí, el Recreo, Candilejas, Caquetanía, Ciudad Yarí, Mandalay, etc, se lo regalaron al Meta”.

El marco legal

Para hacer un registro histórico del problema limítrofe del Caquetá con el Meta, es menester acudir a su desarrollo legal y en esa dirección tenemos lo siguiente:
Mediante Ley 28 del 15 de noviembre de 1904 en su Art 1° se señala: “Segrégase del Departamento de Nariño y agrégase al del Tolima la parte del territorio del Caquetá comprendida dentro de los siguientes límites: de la Laguna de Santiago en el Páramo de las Papas o Páramo de Letrero que da nacimiento al río Caquetá, este río aguas abajo hasta donde le afluye el río Yarí, un poco abajo del Salto del Araracuara; por el río Yarí aguas arriba hasta el nacimiento de su afluente –el río Lobo, de este punto en dirección norte al río Unilla o Losada, que divide el Caquetá en el departamento de Cundinamarca, río Unilla aguas arriba hasta sus cabeceras; de allí en dirección occidental al río Pato, y éste aguas arriba hasta sus vertientes en la cordillera oriental, actual límite entre Tolima y el Caquetá.

Artículo 2° esta región así delimitada formará una provincia denominada Alto Caquetá, cuya cabecera será el caserío de Florencia, sobre el río Hacha, y pertenecerá en lo judicial al Circuito de Garzón”.

Lo anterior revela que desde un comienza a principio del siglo XX, el legislador colombiano ya tenía bien claro y delimitado cuáles eran los territorios que conformaban al Caquetá.
Más adelante, el 17 de junio de 1912 con el Decreto presidencial 642 que creó la Comisaría Especial del Caquetá, definió de manera precisa los linderos del Caquetá: “ … desde la serranía de la Peña hacia el sur por la Cordillera Oriental, hasta el Cerro de las Ánimas, en el Páramo de Tajambina, de aquí por el río Cascabel, aguas abajo, hasta el río Caquetá, por éste, aguas abajo hasta su confluencia con el Río Fragua, de la boca de este río una línea imaginaria que dé a la desembocadura del Río San Miguel en el Putumayo, éste aguas abajo, hasta los límites con el Brasil, por estos límites hasta encontrar el río Apaporis, por este río aguas arriba hasta encontrar la Serranía de la Peña, punto de partida”.

En la Ley 96 de noviembre 7 de 1928 nuevamente se definen los límites del Caquetá así: “Art 1°. Los límites de la Comisaría Especial del Caquetá, cuya capital seguirá siendo Florencia, serán los que enseguida se enumeran: desde la intersección de la Serranía y Mesa de la Peña en la Cordillera Oriental de los Andes, hacia el sur por la misma Cordillera Oriental, hasta los nacimientos del río Fragua y de aquí por el río Fragua, aguas abajo hasta su desembocadura en el río Caquetá; por el río Caquetá aguas abajo hasta la boca del río Apaporis, por este río el Ajajú hasta la Serranía y Mesa de la Peña, y por ésta hasta su intersección con la Cordillera Oriental y punto de partida. En 1950 se crea la Intendencia Nacional del Caquetá, manteniendo los límites originales que tenía la Comisaría Especial del Caquetá y de manera taxativa se precisan sus límites.

Caquetá como departamento

Sabemos que a través de la Ley 78 de 1981 la Comisaría Intendencial del Caquetá fue convertida en el Departamento del Caquetá y en su Art 2° se precisaron una vez más los límites del territorio caqueteño: “El Departamento del Caquetá se forma por el territorio de la Intendencia del mismo nombre, cuyos límites son los siguientes: Por el divorcio de las aguas de la Cordillera Oriental hacia el sur hasta la más alta vertiente del río Fragua, sitio donde concurren los territorios de Huila, Cauca y Caquetá, este río aguas abajo hasta su desembocadura en el río Caquetá, río Caquetá aguas abajo hasta encontrar la desembocadura del río Yarí o de los Engaños hacia el norte – este sigue por la Serranía o Escarpa del Araracuara y en la misma dirección hasta encontrar el cauce del río Ajajú o Apaporis. Este río aguas arriba hasta su nacimiento, punto donde concurren los territorios de Meta, Guaviare y Caquetá, de ahí divide las aguas que van al río Guayabero de las que fluyen al río Caquetá de hasta el punto más alto del cerro Neiva en la Cordillera Oriental, sitio donde concurren los territorios de Huila, Meta y Caquetá y de este cerro siguiendo por el filo de la Cordillera Oriental de norte a sur hasta el punto de partida”.

De lo expuesto es fácil advertir, que por intermedio del IGAC, al publicar el mapa físico-político de Colombia, en el cual excluye del Caquetá una extensa zona de más de 10.000 Kms2, que comprende un conjunto de veredas donde el Caquetá, a través de la historia, ha ejercido posesión y dominio administrativo, es un raponazo territorial sin antecedentes en la historia reciente del país.
Sobra señalar que el Departamento del Caquetá y el municipio de San Vicente del Caguán son los que atienden los servicios públicos de vías, atención en salud, educación y organización religiosa. Las personas mayores de 50 años en el Caquetá saben que Leonidas Lara fue el importante colono que construyó en esa región verdaderas empresas ganaderas. Los moradores del Recreo, Yaguara II, Sachena, Ciudad Yarí, Candilejas, Los Pozos y Caquetania en su mayoría son huilenses o caqueteños que reclaman pertenecer a la jurisdicción del Caquetá.
Las vasta región de los llanos del Yarí, ha pertenecido históricamente al Caquetá.
Son más de 10 mil kilómetros cuadrados los que podría estar perdiendo el Caquetá. Una zona en la que hay grandes reservas de petróleo.
Las personas mayores de 50 años en el Caquetá saben que Leonidas Lara fue quien construyó en esa región verdaderas empresas ganaderas.



viernes, 13 de julio de 2012

Consejo de Estado condenó al ISS y Hospital Maria Inmaculada por Muerte de Recién Nacida





Las entidades Demandadas fueron condenadas y responderán solidariamente, por los perjuicios morales causados a los familiares de la recién nacida Edilma Romero Chevez, por ser responsables de su muerte.


Jesús Enrique Lozano y Edilma Chavez Rojas, Padres de la menor fallecida, interpusieron demanda de Reparación Directa, en representación propia y de sus hijos menores, contra el I.S.S. y el Hospital María Inmaculada de Florencia (proceso adelantado por Conde Abogados), para declarar a las entidades demandadas responsables por la muerte de la menor Edilma Romero Chavez, (Q.E.P.D.), ocurrida el día 14 de diciembre de 1995. Las entidades demandadas fueron condenadas por el Consejo de Estado al pago de cien (100) S.M.M.L.V. para cada uno de los padres y cincuenta (50) S.M.M.L.V. para cada uno de los hermanos de la menor fallecida, las millonarias sumas se ordenaron pagar por concepto de indemnización de perjuicios morales. 

La señora Edilma Chevez Rojas, quien estaba afiliada al I.S.S. como trabajadora independiente, se encontraba en estado de embarazo, esta se sometió a los controles prenatales respectivos, los cuales previeron un parto normal, finalmente el día 12 de diciembre de 1995, la demandante acudió al Hospital María Inmaculada con los dolores de parto (para ese entonces esta entidad atendía a los pacientes del I.S.S.) la actora no fue atendida ni valorada por el especialista gineco-obstetra, pese a que el mismo fue llamado varias veces por los mismos funcionarios de la entidad, contrario a lo anterior fue atendida por un médico universitario, quien la sometió a fuertes presiones abdominales para forzar su trabajo de parto y al percatar que el nacimiento se iniciaba, halo fuertemente el feto hasta que la bebe nació finalmente.

El Consejo de Estado, acogiéndose al marco del plan de la Naciones Unidas para el Desarrollo que a partir de la cumbre celebrada en el año 2000, fijó entre otros, (como objetivos del milenio para Colombia) reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna; y las publicaciones de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial sobre: “Mortalidad: otra cara de la violencia contra las mujeres. Un análisis desde la perspectiva jurídica” y “la Responsabilidad del Estado por la Muerte en el Parto”. En fallo de 14 de mayo del 2012, condenó a las entidades demandadas a responder por las fallas en la prestación del servicio médico asistencial, pues el trabajo de parto de la señora Edilma Chavez no fue atendida por el médico especialista, sino por un “estudiante de pregrado que está en proceso de entrenamiento para atender partos” (…).